POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES

      Se cuestiona la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley de tasas judiciales aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados,  que pretende imponer el Gobierno, tanto a personas físicas como jurídicas, por demandar y recurrir ante los tribunales de justicia sin tener en cuenta su capacidad económica, y con la única excepción de la jurisdicción penal.

      El partido en el poder rechazó en el Pleno del Congreso la retirada del proyecto, que había sido votada por parte de todos los grupos parlamentarios y que cuenta con el  rechazo total y reiterado de todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, que lo consideran un ataque al Estado de Derecho y a la Constitución. Con el fin de evitar la reacción de los ciudadanos, este proyecto de ley está siendo tramitado por el procedimiento de urgencia, y finalmente ha sido aprobado en solitario, tras abandonar todos los grupos parlamentarios sus escaños.

      La esencia de un Estado de Derecho es que cualquier persona,  independientemente de su capacidad económica, pueda acudir a los tribunales para defender sus derechos, por ese motivo, la tutela judicial efectiva está especialmente protegida por nuestra Constitución y por los convenios internacionales.

     Con esta ley, el Gobierno va a privar del acceso a la justicia a millones de ciudadanos. Solamente tendrán acceso a la justicia, los que ganen menos de 1.300 € aproximadamente, y por tanto tengan derecho a la justicia gratuita, o los que sean muy ricos.      Las tasas para pleitos de poca cuantía son disuasorias, en muchos casos no merecería la pena demandar; en cuantías medianas o altas son inasequibles, salvo para los muy ricos; si nos vemos en la necesidad de recurrir ante un tribunal superior, ya hablamos de miles de euros. Con lo cual, los que van a salir beneficiados son los mismos de siempre, los poderosos; la sufrida clase media, tendrá que seguir soportando lo que le echen, pero ahora sin poder defenderse.  

    A última hora, sin venir a cuento, y mezclando churras con merinas, el grupo popular ha introducido una enmienda para rebajar el sueldo a jueces y fiscales. La única razón que se expone es “En coherencia con la normativa  vigente”, no hay razón que justifique que se mezclen en un mismo proyecto de ley, tasas con sueldos, más bien es incoherente. Es una burda maniobra, ante el  total rechazo de jueces y fiscales a las tasas judiciales, para  argumentar, cuando jueces y fiscales se opongan a la ley de tasas, como con toda firmeza ya están  haciendo, el Sr. Ministro de Justicia diga que es porque en la misma ley se les rebaja el sueldo y así poder acusarles de insolidaridad respecto de los demás empleados públicos y, desacreditar su criterio ante la ciudadanía.  

             Es extraño que no se ha publicado un solo reportaje, entrevista o editorial en los periódicos nacionales sobre este tema.  Es totalmente insólito que  este gravísimo asunto siga sin tener eco ni opinión en los periodicos nacionales, ¿habrá que recordarle al cuarto poder sus responsabilidades?. No mereció ni una sola línea, que se rechazara por el partido mayoritario la retirada de un proyecto de ley que afecta al Estado de Derecho  que es el acceso a la Justicia, que ha sido tachado  de inconstitucional, injusto y discriminatorio por toda la oposición y por todos los operadores jurídicos, ya que dará lugar a que la Justicia sólo sea accesible en España para unos, y no hace falta señalar quienes serán los beneficiados.

       Todos los derechos reconocidos en las diferentes leyes civiles no podrán ser ejercitadas por los ciudadanos por ser inaccesible su ejercicio por motivos económicos; no podremos actuar contra la Administración, por el mismo motivo; y cuando un trabajador vea vulnerados los derechos que tiene reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, no podrá recurrir.

         Mañana día 12 de noviembre a las 12 horas, estamos otra vez convocados todos los operadores jurídicos, En Zaragoza, delante de los Juzgados en la Plaza del Pilar, para manifestar nuestra más absoluta disconformidad con este proyecto de ley.